ONU investiga caso de normalista asesinados en Guerrero

Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervino en el conflicto de normalistas con policías federales y estatales del lunes, al acudir a la escuela Normal Rural de Ayotzinapa a recabar testimonios sobre los hechos registrados en el enfrentamiento en el que murieron dos jóvenes.

Durante una reunión en la que estuvieron presentes un grupo de 10 estudiantes y el padre de Gabriel Echevarría, uno de los jóvenes que fue asesinado tras recibir un impacto de bala, los dos representantes del Alto Comisionado recopilaron los presuntos abusos de los cuerpos de seguridad, tanto en la autopista como en las instalaciones de la Procuraduría.

El gobernador Ángel Aguirre aseguró que él no ordenó disparar a los estudiantes para repeler la manifestación, sin embargo, dijo que "en ningún momento se ha negado" que hubo la participación de armas de la Policía Investigadora Ministerial y de la Policía Preventiva del Estado en el enfrentamiento.

"El que tenga que ser sometido a investigación, lo será. (...) He dejado claro que no fue el gobernador, no fue el gobierno el que dio la orden".

En una rueda de prensa, Aguirre dijo que el cauce que ha tomado la agresión se debe a que "se trata de desestabilizar a su gobierno".

En alusión a ello, solicitó al gobierno federal la investigación "hasta sus últimas consecuencias" y mencionó que son 10 los elementos policiacos que se encuentran en calidad de resguardo.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que atrajo la investigación y que desahoga las pruebas correspondientes para dictaminar si los elementos accionaron sus armas en contra de los estudiantes.

"La PGR conforme a sus atribuciones constitucionales, realizará las labores periciales necesarias para determinar cómo se dieron los hechos registrados en la Autopista del Sol, así como la investigación de probables delitos federales, ataques a las vías de comunicación y los que pudieran derivarse de estos hechos a efecto de deslindar responsabilidades, en coordinación con la Secretaría de Gobernación", informó.

El gobernador dijo que al estado de Guerrero no le interesa tener una disputa con el gobierno federal sobre si los elementos estatales o la Policía Federal fue alguna de las que originaron la muerte de los estudiantes.

Informó que su administración liberó 50 nuevas plazas magisteriales a igual número de alumnos que están pronto a egresar de la normal.

Sobre los presuntos abusos por parte de los cuerpos de seguridad estatal y federal, el personal del Alto Comisionado de la ONU mencionó que por el momento se tomarán todos los testimonios posibles. Dependiendo de éstos se determinará si se podría emitir una postura sobre estos hechos.

Cuatro integrantes de la CNDH acudieron a la normal para entrevistarse con uno de los jóvenes que presentaba golpes en el rostro, luego de ser detenido por personal de la Procuraduría de la entidad.

Autoridades de la CNDH en la ciudad de México solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública federal, al gobierno del estado y a la alcaldía de Chilpancingo medidas cautelares para familiares de las víctimas.

La CNDH consideró que los acontecimientos trascendieron el interés de la entidad federativa.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, condenó tanto el cierre de la Autopista del Sol por parte de los jóvenes, ya que, dijo, no abona al diálogo para resolver sus peticiones, pero de igual manera reprochó la "violencia" con la que se les respondió a los jóvenes.

Dijo que como producto de las negociaciones "exitosas" entre las autoridades educativas de Guerrero con los estudiantes, en los últimos meses se entregaron beneficios a los estudiantes.

El SNTE, por su parte, envió un comunicado en el que manifestó su "protesta" por la "represión a la comunidad estudiantil".